El Gobierno nacional anunció que “retira temporalmente el proyecto de ley 347/26” sobre transporte por plataformas, “para ajustar artículos y reflejar acuerdos con los gremios de carga".

Apenas se conoció este lunes el proyecto de ley y de inmediato llovieron las críticas a la iniciativa gubernamental pues el proyecto de ley radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte establecía, en caso de ser aprobado duras sanciones contra los conductores de plataformas y los usuarios.

Esta noche, Luis Gabriel Serna, Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, dijo que “considerando las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto de ley 347 del 2026, recientemente radicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte, se decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado”.

Anticipó que se quiere  establecer mayor claridad a la opinión pública y que el articulado sea el reflejo “de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”.

El artículo 29 señalaba por ejemplo que los conductores que realicen "transporte ilegal" a través de estas plataformas será sancionado con multa desde 30 y hasta 180.000 Unidades de Valor Básico que, para este año, es de $12.110.

🚨 El Gobierno retira temporalmente el proyecto de ley 347/26 sobre transporte para ajustar artículos y reflejar acuerdos con los gremios de carga.#Transporte #Ley347 #Gremios

Luis Gabriel Serna - Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte ⬇️ pic.twitter.com/7cxWygr8xo

— SuperTransporte 🇨🇴 (@Supertransporte) February 2, 2026

Pero no solo la multa era un punto polémico de esta iniciativa sino que el vehículo también sería inmovilizado, bajo los siguientes contextos: "Cuando se compruebe que con el equipó se presta un servicio no autorizado, en este caso el vehículo y/o equipo será inmovilizado la primera vez por el término de 30 días, la segunda vez por 60 días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de 90 días". 

Otro de los artículos más polémicos del proyecto de ley radicado inicialmente por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, contra los servicios de plataformas de transportes, es el que promovía sanciones contra los conjuntos residenciales.

Esto decía el artículo 88: "Los propietarios de inmuebles y las personas jurídicas que surgen del sometimiento al régimen de propiedad horizontal de un edificio o conjunto comercial, residencial o mixto, que directa o indirectamente permitan, promuevan, ofrezcan, consientan la oferta, estacionamiento o prestación de servicios de transporte informales o ilegales en los bienes de su propiedad o que administran".

Sería sancionados con multa desde 1.000 y hasta 60.000 de Unidades de Valor Básico que, para este año, es de $12.110. En pocas palabras hasta más de $700 millones.

Respuesta de Uber

Este proyecto de ley afectaría a plataformas digitales como Uber, Cabify, Yango, InDrive, entre otras.

La primera compañía se pronunció y aseguró que "usar la tecnología no es un delito y los colombianos lo saben".

"Convertir esas decisiones cotidianas en un asunto penal no es el camino para Colombia, ni refleja el país moderno, libre y práctico que los ciudadanos ya construyen todos los días", añadió.

Uber argumentó que el proyecto de ley de régimen sancionatorio del Ministerio de Transporte "confunde la innovación con amenaza y traslada a la fuerza pública un debate que debería darse en el marco del diálogo, el sentido común y una visión de futuro para la economía y la movilidad del país".

"Criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y la seguridad de millones de usuarios, conductores de taxi y arrendadores de moto y vehículos particulares, así como la estabilidad y la tranquilidad de sus familias", manifestó.

"Colombia está en un momento de definiciones. El rumbo no debería ser castigar lo que funciona, sino confiar en los ciudadanos y en su capacidad de elegir cómo generar ganancias y cómo moverse", añadió.

Proyecto que va a la "yugular"

José Daniel López, presidente de Alianza In Colombia, indicó que este proyecto de ley es "sutil", pero va a la "yugular".

"Los servicios con vehículo particular prestados a través de plataformas dejarían de ser actividades no reguladas, a definirse como explícitamente ilegales, contra lo dicho en sentencias por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca", señaló en su cuenta de X.

"La CSJ ha dicho, por ejemplo, que en estos servicios se materializa el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos", agregó.

Según López, "millones de ciudadanos que disfrutan estos servicios, así como los conductores que trabajan en plataformas y las propias apps podrían ser objeto de investigaciones y sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte".

Agregó que la Superintendencia de Transporte, las alcaldías y las áreas metropolitanas podrán ordenar la suspensión preventiva inmediata de la operación de los servicios de las plataformas digitales y/o algunas de sus líneas de servicio, sin necesidad de una decisión administrativa o judicial de fondo. "¡Adiós a la neutralidad de red!", puntualizó.

"El proyecto obliga a las alcaldías a intensificar acciones de control en los puntos de alta demanda (hoteles, centros comerciales, aeropuertos, terminales, entre otros). O sea, más persecución contra conductores y menores opciones para los usuarios. Incluso, faculta desvíos, pico y placa zonificados o restricción de acompañantes en dichas zonas", advirtió.

La normativa que causó una verdadera polémica nacional era el siguiente:

Proyecto de vigilancia de sistema de transporte by Zonacero